Que hay que proteger, recuperar y poner en valor nuestro patrimonio arquitectónico es evidente y creo que a estas alturas nadie opina lo contrario.
Que para ello hay que usar las herramientas que la ley pone a nuestra disposición, como el planeamiento urbanístico, tampoco se pone en cuestión.
Ahora bien, el desencuentro está en dónde colocar esa delgada línea roja que separa lo que tiene valor de lo que no, lo que merece la pena ser conservado de lo que no y más difícil aún… ¿Cómo hacerlo viable?
Está claro que la protección que se establece en los Planes Generales de Ordenación Urbanística es la principal forma de “proteger” las edificaciones singulares, que por su valor arquitectónico, histórico o artístico merecen ser mantenidas en su esencia para que sirvan de legado a las generaciones venideras. Pero… ¿Qué ocurre cuando lo único que propone el planeamiento son restricciones? ¿Qué pasa si ese encorsetamiento legal que afecta a parte o la totalidad de los edificios protegidos no viene acompañado de incentivos que hagan viables las intervenciones en ellos?
Pues que los edificios quedan abandonados a su suerte, en la más absoluta de las ruinas.
A los redactores del planeamiento, muchas veces se les olvida que más allá de una idílica protección sobre el papel (que todo lo aguanta), está la situación socioeconómica del momento, del entorno y de los habitantes.
En la mayoría de los casos, se obvia que estamos hablando de patrimonio privado, y que éste tiene que tener una viabilidad económica. Y no me estoy refiriendo a supuestos de calidad arquitectónica, histórica o artística contrastadas, sino a esos cientos de edificios que se encuentran en el limbo de la protección porque a alguien, en algún momento, sin saber muy bien el porqué, se les ocurrió catalogarlos.
Los propietarios del patrimonio (residencial principalmente), y no nos rasguemos las vestiduras, han de sacar una rentabilidad económica a esos inmuebles protegidos en los que muchas veces se hace complicada cualquier intervención. Como las demás edificaciones, un edificio protegido tiene que poder ser alquilado, vendido, comprado…
Cuando los edificios dejan de ser rentables, se dejan morir, así de sencillo (y así de complicado).
El problema se acentúa cuando además, en la mayoría de las ocasiones no se trata de un solo propietario, sino de herencias proindivisas que aumentan la complicación de cualquier intervención o transacción a la vez que diluye las responsabilidades para con los inmuebles.
Esto, más allá de “buenismos” y de análisis más o menos morales, es una realidad que el Planeamiento olvida, que los redactores omiten y que los catálogos obvian. El resultado: el abandono, la decadencia y la ruina de los centros históricos.
Cuando el comercio y en mucho menor medida la administración, los motores principales de la vida de las urbes (motivo de su creación), desaparecen de los barrios, éstos quedan reducidos a meros espacios residenciales que, si no cuentan con un valor añadido (histórico, cultural, social…) jamás pueden competir con los nuevos asentamientos urbanos que ofrecen grandes espacios, aparcamientos, equipamientos, comercio, zonas verdes, interacciones sociales… en resumen, vida.
Las ciudades crecen, los centros urbanos, comerciales y económicos se van trasladando cada vez a mayor velocidad y no somos capaces de dar soluciones, de adaptarnos y dar respuestas a los moribundos cascos históricos.
Entonces, ¿Cómo actuar?
Pues la solución se antoja compleja, aunque parte por que nuestros dirigentes sean conscientes que de que no se trata de RESTRINGIR, sino de INCENTIVAR.
Las administraciones públicas llevan desde siempre ejerciendo de particulares mecenas a la hora de la adquisición, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico y arqueológico, esfuerzo que hay que elogiar y reconocer. Pero al mismo tiempo se equivocan a la hora de plantear el tema de la protección, sobre todo en lugares como Puente Genil, dónde el patrimonio es escaso, nuestra historia demasiado corta y la situación económico social (sobre todo en los sectores inmobiliarios y de la construcción) tan precaria como la del resto del país.
La actividad del casco histórico de Puente Genil que hace mucho que perdió el comercio, está sustentada por la administración que ha apostado por quedarse en él. Se trata de un barrio residencial, pero que tiene que competir con los nuevos crecimientos urbanísticos, con muchas dificultades añadidas que van poniendo palos en las ruedas de su supervivencia.
La única opción que se deberían plantear todos nuestros representantes (algunas cosas ya se están haciendo), es INCENTIVAR a aquellos valientes que quieran construir, intervenir, habitar, emprender o comerciar en nuestro moribundo casco histórico.
Por mucho que “protejan” un edificio mediante el planeamiento, por mucho que se restrinjan las intervenciones permitidas, si el edificio no reporta un beneficio económico al propietario, el edificio se abandona y muere. No hay más que darse un paseo por el casco histórico de nuestra ciudad para comprobar lo que denuncio, decenas de edificios sentenciados.
Señores políticos, todos estamos de acuerdo en proteger nuestro patrimonio, pero han de darse cuenta de que tenemos que hacerlo entre todos; que no se puede cargar a los propietarios con la totalidad del coste de esta protección; que si las intervenciones necesarias para mantener y conservar no son rentables económicamente, no se hacen; que si más allá de redactar una ficha restrictiva, no damos un aliciente a todos los agentes que intervienen en la cadena inmobiliaria, al final los edificios se abandonan y los barrios quedan convertidos en escombreras y palomares.
En conclusión, dejen de poner la mirada en RESTRINGIR y piensen en soluciones para INCENTIVAR.